Especialista en Medio Ambiente
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El proyecto de ley de agua, aprobado el 9 de junio del 2020, en segunda lectura por el Senado de la República, tiene en el Congreso más de 15 años y está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados, es una pieza inconstitucional que pretende privatizar las aguas del país, a través de concesiones y/o permisos en beneficios de terceros y de particulares en violación a nuestra Carta Magna.
¿Por qué es una ley inconstitucional?
La constitución de la Republica en su artículo 15: establece claramente que el agua constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.
Reconociendo el recurso agua no solo como un bien de dominio público sino como un derecho fundamental estratégico de todos los dominicanos. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada.
¿Por qué es una ley antinacional?
Del mismo modo la ley de agua es un proyecto anti-nacional violatoria a la Ley 64-00 sobre la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que en su artículo 127: establece que todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptibles e inembargables. No existe propiedad de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas, este artículo de la Ley 64-00 interpreta de manera precisa y sustancial el artículo 15 de la constitución de la República.
El artículo 128 de las misma Ley 64-00 establece que toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer sus necesidades vitales de alimentación e higiene, de su familia y de sus animales, para la producción agropecuaria y la generación de energía eléctrica, siempre que con ello no cause perjuicio a otros usuarios ni implique derivaciones o contenciones, ni empleo de maquinarias o realizaciones de actividades que deterioren y/o menoscaben de alguna manera el cauce y sus márgenes, lo alteren o contaminen o imposibiliten su provecho por terceros.
Vista la constitución de la Republica y la Ley 64-00, este es un proyecto a todas luces privatizador y que ha estado siendo promovido por organismos internacionales, promotores del neoliberalismo que persiguen que todos los servicios de carácter público sean desnacionalizados y entregados a los sectores económicos privados en perjuicio de los intereses de los ciudadanos del país.
Llama poderosamente la atención el hecho de que esta última propuesta presentada por el actual senador de Monseñor Nouel, Félix Nova Paulino, la cual fue elaborada por un consultor español, en la misma se hace demasiado hincapié en la necesidad de la privatización de las aguas a través de concesiones a particulares y terceros.
Para que los amigos lectores, de manera particular los de nuestra provincia, entiendan en términos llanos, esto implica para poner un ejemplo, que los propietarios de los terrenos y/o negocios circundantes a los balnearios del Camellón, Los Quemados, Fula, Jima y Sabana del Puerto, entre otros, deberán obtener un permiso de concesión para que puedan operar éstos balnearios y los usuarios de los mismos tendrán que pagar una tarifa en dinero las veces que visiten y/o utilicen esos lugares para bañarse.
De igual manera pasaría con las playas públicas, ya que las mismas estarían sujetas a disposiciones legales.
Desde el año 2001 se han estado haciendo esfuerzos para la elaboración de un proyecto de ley de agua, llegándose a una primera propuesta después de cuatro años de debates y discusiones nacionales, y consultas con expertos internacionales.
También se han realizado discusiones a nivel nacional con todos los actores del sector agua, como son el INDRHI, el INAPA, la CAASD, CORASAN, CORAAMOCA, CORAAPPLATA y la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Luego se realizó la propuesta de ley de agua en los años 2007 y 2009 presentada por el senador Adriano Sánchez Roa, de la provincia de Elías Piña, la cual transfería al INDRHI todos los derechos legales, administrativos y de dirección de esta nueva entidad, pero esta propuesta después de varios intentos perimió en la Cámara Alta.
Este proyecto de ley de aguas no debe ser aprobado como está planeado, porque sería un grave golpe al derecho del uso y el disfrute de un recurso tan vital e importante como lo es el agua para la vida de los habitantes de nuestro país.
La consigna es decirle un no rotundo a la ley de agua, aprobada recientemente por el Senado, por ser violatoria a la Constitución, y privatizadora de un patrimonio de todos los dominicanos.